Hace unos días el nuevo gobierno de España, dirigido por Mariano Rajoy, hizo público un nuevo paquete de medidas fiscales con el objetivo de drenar 8.900 millones de euros la carga financiera del Estado, en una situación que han tildado de extrema al encontrarse el déficit público en torno al 8% del PIB, una cifra superior al 6% que pronosticaba el anterior gobierno socialista para el cierre del ejercicio fiscal de 2011, y excesiva teniendo en cuenta el pacto de disciplina fiscal que promueve unas finanzas públicas saneadas, que situaba el límite del déficit corriente en el 3%.
Bajo esta situación, se ha optado por tocar el 'alma mater' de los impuestos, el de la renta, afectando tanto a los rendimientos procedentes del trabajo, así como del capital. Tocando directamente a la renta disponible de los hogares, que sin lugar a dudas, se traducirá en un menor consumo, una caída de la producción y más desempleo.
Llegados a este punto, ¿con qué otras alternativas contaba el gobierno para promover el ajuste fiscal? ¿Estaba obligado el ejecutivo de Mariano Rajoy a tomar esta alternativa? Resumiré en unas líneas por qué la decisión es desacertada:
- Administración ineficiente: el sector público presenta múltiples aspectos de mejora, entre ellos, el debate sobre su dimensión, que se presume excesiva a causa de duplicidades administrativas, organismos innecesarios, y una burocratización excesiva que redunda en una dilatación de los plazos en las gestiones muchas de las veces
- Gastos improductivos: dentro del mismo paquete de medidas se anunció un recorte del 20% a las subvenciones que perciben la patronal empresarial, los sindicatos o los partidos políticos. ¿Por qué no se eliminan en su totalidad? Este tipo de gastos resulta improductivo, y solo consiguen que se empleen unos recursos públicos en fines innecesarios, en lugar de contribuir a financiar nuestro crecimiento
- Introducción de criterios de rentabilidad en las empresas públicas: el sector público es un sector mucho más amplio que la provisión de bienes y servicios públicos al conjunto de la ciudadanía, puesto que también se manifiesta en empresas de capital público, muchas de ellas en quiebra permanente, que necesitan financiación pública, como consecuencia de una estrategia desacertada y/o la carestía de objetivos económicos que promuevan una política de rentabilidad. Por lo que la introducción de políticas de eficiencia y productividad contribuiría al logro de unas empresas públicas sostenibles financieramente, y que además de no generar déficit podría contribuir a los ingresos del Estado
- Política laboral para los empleados públicos: uno de los principales gastos del Estado son sus empleados, un colectivo que a día de hoy sigue engordando a pesar de la crisis, y que ya ha superado el 20% de la población activa en España. He de decir que las circunstancias que rodean a cada uno de ellos son muy heterogéneas, pero a pesar de ello, existen departamentos u organismos con un déficit de personal y otros con un superávit, lo que convierte en una cuestión compleja la gestión de los trabajadores públicos. Adicionalmente, sería bueno que se introdujesen contratos más flexibles, que permitan a la administración adaptarse a proyectos de duración diversa, convirtiendo en coyuntural una gran parte de los gastos que actualmente se asumen con naturaleza estructural
- Reducción de un Estado de Bienestar excesivo: partiendo de la base que en la Constitución española de 1978 figuran ciertos derechos que se deben garantizar a los españoles y españolas, en las últimas décadas se han ido consolidando gastos públicos que han alcanzado una magnitud excesiva. Bienes y servicios que son 'gratuitos' para el usuario final, y como gratuitos, este tiende a emplear con abuso. Con ello no quiero decir que se hayan de privatizar la gestión de todos los servicios (puesto que existen servicios públicos como la defensa nacional o la Educación que se prestan poco a este tipo de prácticas), pero sí algunos como la Sanidad, la red de infraestructuras, etcétera, en las que resulta muy factible la introducción de fórmulas como el copago
- Aumento de la presión impositiva indirecta: al haberse elegido incrementar el gravamen del impuesto de la renta, se ha empobrecido al conjunto de la población española con una caída proporcional de la renta disponible, afectando negativamente al consumo y al ahorro de las familias. Si en lugar de ello se hubiese optado por incrementar la imposición indirecta a algunos bienes y servicios (elegidos selectivamente para que el daño económico fuese menor), como por ejemplo a las bebidas espirituosas, el tabaco, los hidrocarburos o a los vehículos más contaminantes, entre otros
Como pueden comprobar, la parrilla de opciones para abordar el problema del déficit era mucho más amplia de la que el gobierno reconoce, resultando otras opciones mucho más lógicas que la subida de la imposición directa por mucho que el nuevo ministro de economía, Luis de Guindos, se apresure a defender que si no lo hubiesen hecho, Europa nos lo acabaría exigiendo. Deberemos estar atentos al próximo jueves, que será cuando salgan a la luz las nuevas medidas de ajuste, para ver si se abordan alguna de las propuestas que en este artículo se citan, para ojalá comprobar que el nuevo incremento de la presión fiscal no signifique más 'gasolina' para unos gastos públicos desorbitados.
Equipo de redacción dE
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