Las diputaciones provinciales, cuya historia se remonta al texto constitucional del año 1812, conocido popularmente como 'La Pepa', han tenido la función, al menos 'sobre el papel' de servir de nexo de unión entre la administración provincial y la del Estado.
Como consecuencia de la grave crisis económica que atraviesa el país, y teniendo presente el gran número de duplicidades que se dan dentro de los diferentes niveles administrativos, se está poniendo en entre dicho la necesidad de mantenerlas, puesto que todas y cada unas de sus funciones podrían pasar a su respectiva Comunidad Autónoma o a los Ayuntamientos que aglutina.
Si nos fijamos en algunos países de nuestro marco de comparación, como por ejemplo Alemania y Francia, la relación administrativa entre el Estado y los ciudadanos es mucho más simplificada, lo que conlleva a que los trámites sean mucho más rápidos, se eviten duplicidades, y también un mayor ahorro. No hace falta establecer comparativas en base a indicadores económicos para darse cuenta de que estos países presentan una situación macroeconómica mucho más saludable que la nuestra.
Tal vez, deberíamos aprovechar la coyuntura para empezar a cambiar la situación actual, con el objetivo de lograr un sistema administrativo mucho más eficiente y eficaz. A pesar de que esta decisión presenta grandes colaterales, como el incremento del desempleo a corto plazo, por la merma que supone para el propio empleo en el sector público. Por tanto, desde aquí les invitamos al siguiente debate, ¿merece la pena asumir estos costes para mejorar la administración del Estado? En mi opinión, rotundamente sí.
Equipo de redacción dE
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