¿Cómo afecta a los funcionarios las nuevas medidas de ajuste?

El título I del Real Decreto-ley 20/2012 recoge las Medidas de reordenación y racionalización de las Administraciones Públicas. En resumen, en dicho título encontramos las siguientes modificaciones a la ley que afectan directamente a funcionarios, y (ex) altos cargos públicos y políticos:

Se establece un régimen de incompatibilidades para evitar que las pensiones indemnizatorias que se cobra tras el cese en cualquier puesto o cargo público (exministros, exsecretarios de Estado, etc) se mantenga paralelamente al cobro de remuneraciones por otros trabajos o servicios tanto públicos como privados.
El personal funcionario no percibirá, en principio sólo en el año 2012, la paga extraordinaria del mes de diciembre, aunque se deja abierta la posibilidad de que la rebaja salarial se instrumente a través de la reducción prorrateada de las nóminas pendientes de recibir desde la entrada en vigor del RD hasta fin de año. Esta medida también afecta al personal laboral y con contrato mercantil. Se contempla la compensación de la supresión de este salario, a través de aportaciones futuras a planes de pensiones, con sujeción a la LO 2/2012, es decir, condicionado a que se vayan cumpliendo los requisitos de estabilidad presupuestaria en los próximos ejercicios.
A los Altos cargos del Estado, en cuyas retribuciones no se contempla expresamente la paga extraordinaria , se les reduce una catorceava parte de las retribuciones anuales totales, con el fin de que se les prorratee la misma reducción salarial equivalente.
En cuanto a los permisos de los funcionarios, se suprimen los días libres adicionales de los funcionarios con mayor antigüedad y se reducen de 6 a 3 los días libres por asuntos particulares (conocidos como "moscosos").
Se limitan las prestaciones económicas en situación de incapacidad temporal (bajas) causadas por contingencias comunes.
Se reducen los créditos sindicales y los permisos retribuidos para realizar funciones sindicales en la función pública.
Asignación eficiente y evaluación en la Administración del Estado. Se contempla la toma de medidas para asignar eficientemente el personal funcionario y optimizar los recursos humanos. Ello incluye la posibilidad de movilizar y redistribuir personal entre puestos para una asignación más eficiente. Igualmente se fijarán sistemas objetivos que permitan evaluar el desempeño de los empleados, tal y como veníamos reivindicando desde estas líneas con artículos como: