Hoy se ha conocido que Grecia, en su intento desesperado por corregir la grave crisis fiscal que padece, ha decidido 'alquilar' los garantes de la seguridad ciudadana (cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado) para fines privativos. Una paradoja, por lo menos curiosa, que abre el debate sobre si los bienes y servicios que provee el Estado se pueden utilizar de manera complementaria para fines distintos a los inicialmente previstos.
Esta tendencia se postula como una posible solución ante la grave crisis fiscal como la que padece el país heleno, pero que puede convertirse en un conflicto difícil de gestionar si los contratos no se instrumentalizan convenientemente y se confunden las prioridades de su razón de ser.
En este sentido sería muy importante cuidar de que los servicios públicos a los que se han ligado las partidas de gasto relacionadas se emplean para el fin que han sido diseñados. Porque si se liberalizara la contratación de los mismos, y se asignaran en función de un criterio de margen o beneficio económico, se desplazarían los recursos disponibles desde la protección pública a la seguridad privada. Lo que conllevaría una privatización de 'facto' de un bien tan elemental y necesario como la protección de la seguridad ciudadana.
Todo ello dependerá del tipo de Estado de Bienestar que los dirigentes políticos quieren configurar dentro de esta época de ajustes presupuestarios. Para lo que es fundamental no confundir las prioridades, y que la prioridad es el servicio público, obligando a la administración competente a fijar el servicio 'complementario' en función de las disponibilidades evitando caer en la tentación de hacerlo con el 'beneficio económico' como herramienta de decisión.
Equipo de redacción dE
Si has encontrado útil este artículo puedes compartirlo desde tu blog, página Web o foro.
No hay comentarios:
Publicar un comentario