Andalucía encendió la mecha hace 2 semanas con el decreto ley 6/2013, de 9 de abril, de medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda. La propuesta de este gobierno autonómico incluye, de un lado, la posibilidad de sancionar con hasta 9.000 euros a bancos, inmobiliarias y sociedades de gestión de activos que mantengan viviendas vacías. Y de otro lado, la posibilidad de "expropiar temporalmente" con un máximo de 3 años, las viviendas de los anteriores agentes del mercado que les vengan de desalojos de familias en riesgo de exclusión social.
Ahora ha movido ficha la Generalitat de Catalunya, quien ha anunciado un gravamen especial para la banca y las personas jurídicas que mantengan viviendas vacías con el fin de dinamizar el mercado de alquiler.
Pasemos a analizar algunos pormenores de estas medidas, que se antojan más populistas y demagógicas que coherentes. Al menos en su planteamiento.
En el grave panorama económico y social que vive España actualmente, se bendice toda medida orientada a proteger a los más débiles, a aquellas familias que lo han perdido todo con esta crisis. Ahora bien, lo menos que se puede pedir es coherencia.
En el caso de Andalucía, con respecto a la propuesta del gobierno autonómico de sancionar económicamente a los agentes referidos en la entrada del post por mantener viviendas vacías, parece habérseles olvidado que, a través de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), promueven y mantienen una ingente cantidad de viviendas nuevas totalmente deshabitadas en régimen de venta a las que no le encuentra salida en el mercado. Es cierto que mantienen otras en régimen de alquileres sociales y otras en régimen de alquiler con opción de compra pero, ¿deberían autosancionarse por todas las que tienen vacías y en venta?¿Las van a poner automáticamente en alquiler social -entendiendo por social barato- para poder darle entrada en el mercado de alquiler?
En cuanto a la propuesta de expropiación temporal a los agentes para evitar desahucios, también parece que el gobierno autonómico andaluz no se ha leído el Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre de medidas urgentes para reforzar la protección de los deudores hipotecarios. Ya les desgranamos en otro post las facilidades para determinados colectivos en riesgo de exclusión social que suponía esta norma aprobada por el Gobierno de la nación. Pero, siendo prácticamente la misma medida, tenían que anunciar ellos la suya propia y en peores condiciones. De hecho el asunto de la "expropiación temporal" traerá cola en el Tribunal Constitucional, a la espera de lo que redacten en el reglamento de desarrollo del decreto autonómico.
En el caso de la Generalitat, el tremendo desequilibrio fiscal que mantiene en sus cuentas, les está llevando a proponer gravámenes casi a cualquier cosa. ¿Recuerdan la reciente propuesta de impuesto a "la coca-cola"?
En este caso, proponen gravar fiscalmente las viviendas vacías de los bancos y sociedades mercantiles para incentivar (con palo, no con zanahoria) su entrada en el mercado de alquiler. Se aventuran a dejar al electorado tranquilo anticipándoles que no será de aplicación a los propietarios particulares. Pero de nuevo aquí nos encontramos con la incoherencia y el agravio comparativo de quien, siendo particular mantiene diversas propiedades vacías y las sociedades y bancos que deben pagar por cada una de ellas mientras no se alquilen.
Parece que siempre hay que buscar un cabeza de turno a quien culpar de los malos gobiernos, ¿no creen?
Equipo de redacción dE
Imagen | Nick Bastian Tempe, AZ
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