Algunos expertos cifran el volumen de la economía sumergida en España en torno al 20% del Producto Interior Bruto. El fraude fiscal aparejado a las actividades económicas no declaradas está haciendo sin duda un daño muy importante a las arcas públicas en varias vertientes:
- Al no declararse hechos imponibles, supone un obstáculo para corregir el déficit y sus graves inconvenientes.
- Deteriora la cantidad y calidad de servicios del Estado del bienestar al mermar los recursos públicos destinados a tal fin.
- Obliga a destinar importantes recursos en políticas de Prevención del blanqueo de capitales y lucha contra el fraude fiscal.
- Etc.
Pero hoy queremos explicarles además los efectos del fraude fiscal desde el prisma de la competitividad empresarial.
Estamos asistiendo cotidianamente a situaciones en las que las entregas de bienes y prestaciones de servicios que se producen diariamente en cualquier trasacción económica, se realizan al margen de la legalidad en connivencia tanto del empresario como del consumidor. Con la ocultación de la transacción económica, el empresario no incrementa la base imponible de su beneficio fiscal y el consumidor evade la fiscalidad aparejada a la transacción (IVA).
Parece un negocio redondo para ambas partes. Pero hay un tercero que no sale tan bien parado: el conjunto de la población.
Las diferencias en competitividad empresarial no se están produciendo en España a través de la innovación, de la aplicación de nuevas tecnologías, de la diferenciación, del ahorro de costes, etc. Sino que se están llevando a cabo vía impuestos.
En efecto, pongamos como ejemplo en nuestro país la prestación legal de un servicio de pequeña reforma en casa que cueste 6.000 euros (IVA incluído). Cualquier otro profesional o empresa que lo realice ILEGALMENTE, sin mayor esfuerzo empresarial que no declararla ante Hacienda, lo prestaría un 18% más barato, esto es, por 5.084 euros.
Fijémonos en que podemos cifrar la diferencia de competitividad entre la empresa legal y la ilegal en un 18% que es el margen fiscal a ingresar en Hacienda. En nuestro ejemplo supone casi 1.000 euros, que se dice pronto.
El problema es que está siendo cada vez mayor el número de empresas que se ven "forzadas" a operar al margen de la legalidad vigente como consecuencia a su vez de la creciente actividad sumergida que se viene realizando en sus correspondientes sectores y con la que les es imposible competir vía precios si operaran legalmente. Todo ello en un entorno lejos de la recuperación económica, con elevados niveles de desempleo y en los que el precio determina la mayoría de las decisiones económicas en detrimento de otros factores como la calidad.
Se siguen creando valores inadecuados entre amplios sectores de la población que únicamente buscan su propio beneficio actuando ilegalmente con el agravamente de que además aprovechan al máximo el uso de los bienes/servicios/prestaciones públicas, que les brinda el Estado de bienestar a través del resto de la población que contribuye fiscalmente. La conclusión es la misma que en el artículo dedicado a la refundación del Estado del bienestar: nada es gratis, y si toda la población no contribuye a la supresión de estas prácticas tan perniciosas para la economía, el Estado del bienestar está avocado a menguar.
Se antoja necesario endurecer la lucha contra el fraude y concienciar a través de la educación y la cultura a toda la población de que la contribución es básica para optar a mantener unos niveles de bienestar adecuadas en una economía desarrollada.
Equipo de redacción dE
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