Los recortes presupuestarios están acaparando buena parte de la actividad política desde hace meses. A nivel estatal, el anterior Gobierno de España ya comenzó con la aplicación de medidas de austeridad presupuestaria como la supresión del cheque bebé, la congelación de las pensiones o la rebaja del salario de los empleados públicos, entre otras. Medidas que deberá continuar aplicando el nuevo Gobierno salido de las urnas del pasado 20 de noviembre y que ya han empezado a tomarse más en serio en Comunidades Autónomas como Cataluña, País Vasco o Castilla la Mancha, que recientemente han anunciado sendos recortes presupuestarios, destacando la reducción salarial a funcionarios.
Pero, ¿por qué debe pasar la senda de la recuperación económica por estas políticas? ¿No podría incrementarse la producción y el empleo aumentando el gasto público? A continuación les exponemos algunas claves.
Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de todo buen Gobierno deben tender al equilibrio o en el peor de los casos a un déficit moderado (< 3%). Todas las partidas de gasto público consideradas globalmente deben tener su contrapartida natural en la recaudación estimada vía impuestos para un ejercicio determinado.
Como se suele decir a pie de calle "No se debe gastar lo que no se tiene" si se quiere ser un buen gestor de las finanzas públicas (al igual que en cualquier hogar). Sólo bajo determinadas circunstancias como catástrofes, o coyunturas económicas adversas, entre otras, estaría plenamente justificado que el Estado incurriese en déficit. El déficit se puede financiar:
- Recaudando más por impuestos: Algo poco popular, y políticamente es difícil agotar esta vía.Sin perjuicio del aumento de la economía sumergida que conlleva.
- Creando más dinero. Una medida inflacionista pero además en manos sólo de la política del BCE tras la cesión de la soberanía monetaria a esta institución con la entrada en el euro.
- Emitiendo deuda pública, que es a lo que se recurre con mayor frecuencia.
Por tanto, déficits presupuestarios sucesivos de un país (motivados por la falta de control del gasto público) lleva al aumento generalizado en la emisión de deuda pública o lo que es lo mismo, al endeudamiento del país.Uno de los criterios para que los países UE pudiesen acceder a la pertenencia al euro, era el mantenimiento de una deuda pública no superior al 60% del PIB, con la idea de dejar espacio también a la financiación de la actividad privada para la creación de empleo y el crecimiento económico.
Las consecuencias de elevadas emisiones de deuda pública para financiar las cuentas de un país básicamente son:
- Trasladar el ahorro y la inversión privada hacia la financiación pública, que acapara recursos, lastrando la recuperación económica ante las dificultades que tienen las empresas para encontrar financiación para sus proyectos y poder crear empleo.
- La subida en el tipos de interés, tiende a elevar la rentabilidad de las emisiones de deuda, con lo que aumenta la partida de gasto presupuestario destinada al pago de intereses de la deuda, entrando en una espiral peligrosa que puede arrastrarte hacia déficits más elevados.
- La economía queda en manos de los mercados. Una deuda elevada en relación a su PIB como ocurre en los casos de Grecia o Italia, hace de una economía dependiente de sus acreedores. Es bien conocido que en estos casos, en los que además se tiene que terminar recurriendo a otras ayudas externas (FMI, Banco Muncial, BCE, etc), las medidas a tomar llegan a ser necesariamente más severas para la sociedad afectada.
El gasto público debe tener un carácter temporal, orientado a explotar recursos ociosos y siempre en ausencia de tensiones inflacionistas. Pero además debe ser selectivo, dirigiéndolo a aumentar la productividad y el cambio de modelo económico (infraestructuras, educación, I+D+i, TICs). Es un grave error ir consolidando ejercicio tras ejercicio el aumento del gasto público de un país en políticas inanes como puedan ser un infructuoso aumento del número de funcionarios.
Sería recomendable para alcanzar el equilibrio presupuestario en nuestra economía, por un lado, disminur el tamaño de las Administraciones y las duplicidades administrativas de las mismas (Estado, CC.AA. Diputaciones, Ayuntamientos), y por otro lado aligerar la carga pública del mantenimiento del Estado del Bienestar sin renunciar a la base redistributiva del suministro en los servicios públicos. Nada es gratis, todo hay que pagarlo, y dejar parcialmente en manos del contribuyente (respetando esa base redistributiva) las decisiones de inversión en salud, educación, jubilación, etc, llevaría a un mayor renta disponible, inversión más productiva y creación de puestos de trabajo. Máxime cuando son muchos los agentes que adicionalmente a lo obligatorio y de forma privada están asumiendo estos costes (planes de pensiones, seguros privados de salud, educación concertada, etc).
No es realista pensar que a través de la gestión pública puedan ir mejorando indefinidamente en cantidad y calidad los servicios públicos de forma sostenible. Insisto, nada es gratis.
El gasto público es incrementado en no pocas ocasiones de forma totalmente inane para la "compra" masiva de votos, otorgar determinados favores políticos o atender las demandas de algunos lobbies o grupos de interés. Pero eso ya es la democracia quien debe tratar de ponerle coto.
Equipo de redacción dE
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