En materia de lucha contra el fraude fiscal, el nuevo Gobierno de España se enfrentaba a tomar una decisión entre dos alternativas diametralmente opuestas: Bien reforzar los programas de medidas antifraude o bien plantear a la sociedad una amnistía fiscal cuyas ventajas e inconvenientes fueron analizados en estas líneas.
El Gobierno ya ha dejado claro que va a optar por la primera vía (cualquier otra cosa sería un despropósito), implementando nuevas medidas que están por concretar, sonando con mucha fuerza la de prohibir el pago en efectivo para determinadas entregas de bienes o prestaciones de servicios que superen un límite máximo.
Hay cierta desconfianza sobre la eficacia que esta y otras medidas puedan tener para aumentar los ingresos de las arcas públicas, evitando las transacciones con dinero negro y a espaldas del control fiscalizador de la Administración.
En dE - diario de un Economista queremos coadyuvar con una propuesta en concreto para evitar los perniciosos efectos que representa el fraude fiscal sobre el conjunto de la Economía de un país.
Recientemente se ha cumplido en España un año desde que entrara en vigor la llamada "Ley antitabaco". Desde el 2/1/2011 está prohibido fumar en cualquier espacio de uso público. Traemos a colación este tema porque si hubo un hecho diferencial con la entrada en vigor de aquella Ley, fue la activación de un auténtico plan de información al consumidor para colaborar a denunciar al infractor. Desde las Administraciones Públicas se informó con claridad de las vías de actuación administrativas para denunciar infracciones punibles de aquella Ley pero además organizaciones de consumidores y usuarios como FACUA participaron activamente registrando denuncias que se contaban por centenares y otros portales como Nofumadores.org también asesoraron activamente.
¿No sería posible extrapolar estas actuaciones hacia las denuncias en materia de fraude fiscal?
La propia administración tributaria pone a disposición de los ciudadanos un formulario de denuncia pública tributaria. Aunque en los artículos 93 y 94 de la Ley General Tributaria se indica expresamente el deber de colaborar con la Administración tributaria, la realidad es que sigue existiendo en nuestro país un cierto pudor a pisar una Delegación o Administración de la AEAT para denunciar infracciones, que cualquier ciudadano de a pie presencia a diario.
Podemos achacárselo a cuestiones culturales o educacionales, pero parece claro que para que tenga éxito cualquier plan de lucha contra el fraude fiscal (también laboral, de la Seguridad Social, INEM, etc) tendrá que pasar por mejorar la participación ciudadana de forma activa. Los ciudadanos son los mejores "policías" en prevención y lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales, y es labor de todos evitar que siga habiendo personas que se vanaglorian de lo poco o nada que tributan o declaran frente a otros contribuyentes.
Aquí es donde verdaderamente echamos en falta la movilización activa de las Administraciones, de organizaciones de consumidores y usuarios y de otras instituciones. Necesitamos campañas, accesos y facilidades para denunciar infracciones y que de una vez por todas se mentalice la ciudadanía de sus obligaciones (que los derechos ya los conocen todos demasiado bien).
Equipo de redacción dE
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En España hay mucha tela que cortar en este asunto, y sobre todo, como se cita en el artículo, es necesario dar un cambio cultural, porque es inadmisible que el que defrauda se 'vanaglorie' de sus acciones. Saludos!
ResponderEliminarPues no estaría nada mal la propuesta de la participación ciudana, es más, es necesaria. La economía sumergida ya alcanza más del 20% del PIB de España. ¿Por qué no se hace? ¿No interesa?
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