Al hablar de amnistía fiscal nos referiremos a aquellas medidas excepcionales que puede tomar el Gobierno de una nación para "perdonar" u "olvidar" aquellos delitos o infracciones cometidos con la Hacienda Pública con el objetivo de aflorar dinero negro o incentivar que las fugas de capitales hacia paraísos fiscales reviertan y fluyan hacia su economía de origen.
En la historia democrática española tenemos 2 precedentes:
- En 1984, con Miguel Boyer liderando el ministerio de Economía y Hacienda.
- En 1991, cuando era Carlos Solchaga quien ostentaba dicha cartera ministerial.
En ambos casos, políticamente bajo el mando de gobiernos socialistas, el afloramiento de recursos gozaba de amnistía fiscal pero estaba orientado a la adquisición de deuda pública. No obstante, el resultado no fue el esperado. Sobre todo en 1991, y un año más tarde se le tuvo que dar impulso a un nuevo gravamen sobre el consumo (IVA) en cumplimiento del Mercado interior que regiría la normativa de la CEE.
Llama poderosamente la atención el fin último que tuvieron las amnistías fiscales anteriores que practicó el Gobierno de Felipe González: adquisición de deuda pública. No es buena elección tratar de cubrir la deuda procedente de un gasto público descontrolado, usando para ello una medida con el alcance de justicia social y económica que conlleva una amnistía fiscal. Antes de promulgar una norma de este tipo, los deberes tienen que estar cumplidos y el gastos público ajustado al mínimo.
Ya comentamos en un artículo dedicado al gasto público que una de las razones que justificaban el control del mismo era evitar que se traslade el ahorro y la inversión hacia la financiación pública, puesto que de otra manera se lastra la recuperación económica ante las dificultades empresariales para financiar proyectos y crear empleo.
Las ventajas de una amnistía fiscal en una situación de grave crisis económica como la actual en España están relacionadas con el flujo de crédito. La afloración de dinero negro y el retorno de capitales procedentes de paraísos fiscales permitiría colaborar en la recuperación y el saneamiento del sistema financiero y de la banca, fundamental para restablecer el flujo de crédito hacia instituciones (mejorando el pago a proveedores principalmente) y empresas, especialmente pymes y autónomos que recordemos, generan el 90% del empleo en nuestro país. Indudablemente, controlar los movimientos de capitales aflorados sería una tarea necesaria. Al igual que exigir a las entidades financieras una orientación del crédito hacia las empresas e instituciones que mantengan y generen empleo con productividad.
El principal inconveniente sin duda es la injusticia y el agravio comparativo que genera una amnistía fiscal entre contribuyentes y evasores. Pero no es el único. La existencia de expectativas sobre futuros períodos de amnisitía fiscal puede generar alicientes a acumular fraudes, perdiéndose la concienciación a contribuir social y económicamente con los impuestos. Además, la lucha contra el fraude y el blanqueo de capitales, en los últimos años ha supuesto un pilar fundamental en las políticas públicas en España (Ley 10/2010, de 28 de abril de Prevención de Blanqueo de Capitales) y con esta medida, quedaría en entredicho su efectividad.
El anterior Gobierno, ya aprobó hace unos meses una medida de amnistía laboral orientada a intentar aflorar el empleo no declarado. El Real Decreto Ley 5/2011, de 29 de abril, recoge esta normativa.
Durante los últimos años, otros Estados miembros de la UE ya han aplicado medidas de amnisitía fiscal: Alemania (2003), Reino Unido (2009), Francia (2009), Portugal (2010), Italia (2009 y 2011).
La gravedad de la situación económica en nuestro país sin duda está exigiendo esfuerzos a todos los niveles que podrían plantear a la población si se compensan los inconvenientes que conlleva esta medida.
Equipo de redacción dE
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Puede resultar interesante abrir el debate en España sobre la amnistía fiscal. No sería raro que el nuevo gobierno lanzara un globo sonda sobre este tema para ver las reacciones.
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