Andalucía encendió la mecha hace 2 semanas con el decreto ley 6/2013, de 9 de abril, de medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda. La propuesta de este gobierno autonómico incluye, de un lado, la posibilidad de sancionar con hasta 9.000 euros a bancos, inmobiliarias y sociedades de gestión de activos que mantengan viviendas vacías. Y de otro lado, la posibilidad de "expropiar temporalmente" con un máximo de 3 años, las viviendas de los anteriores agentes del mercado que les vengan de desalojos de familias en riesgo de exclusión social.
Ahora ha movido ficha la Generalitat de Catalunya, quien ha anunciado un gravamen especial para la banca y las personas jurídicas que mantengan viviendas vacías con el fin de dinamizar el mercado de alquiler.
Pasemos a analizar algunos pormenores de estas medidas, que se antojan más populistas y demagógicas que coherentes. Al menos en su planteamiento.