Entre las propuestas políticas que se están instrumentando a nivel global para atajar la crisis que desde el año 2007 comenzó a inundar gran parte de las economías del planeta, se encuentran las medidas orientadas a corregir el gasto de las Administraciones Públicas para coadyuvar a la reducción del déficit. Entre estas medidas, destacan las que afectan directamente a los funcionarios y al resto de empleados públicos, por el peso que suponen las partidas de gasto asociado en los presupuestos anuales. Entre otras actuaciones encontramos:
- Reducción salarial de los funcionarios y empleados públicos
- Aumento de la jornada laboral anual
- Congelación de oferta de empleo público
- Etc.
Estas actuaciones nos llevan a preguntarnos: ¿Está sobredimensionado el sector público español? ¿Y en relación con el resto de Europa? ¿Debemos pasar necesariamente por estos ajustes en el sector público? A continuación las respuestas.
Los factores que nos van a dar las claves para mejorar el sector público como uno de los pilares de crecimiento más importantes de la economía son:
A) TAMAÑO
Según un estudio reciente elaborado por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) y la Fundación BBVA, con los últimos datos internacionales del año 2009 disponibles, el peso del sector público español medido en Valor Añadido Bruto (valor para la economía de los servicios que genera la Administración) representa el 13,7% del PIB de la economía española, mientras que el gasto público se dispara hasta el 45,8% en porcentaje sobre el PIB.
En el entorno internacional, el peso de la Administración española en porcentaje sobre el PIB es menor que en Francia (16,4% del PIB) o Italia (13,8%), pero superior a países como Reino Unido (13,1%), Polonia (12,9%), Estados Unidos (12,5%), Japón (9,5%) o Alemania (8,9%).
En rasgos generales, la administración española se mantiene en línea con los países de su entorno. Eso sí, sin entrar a valorar las disparidades regionales entre autonomías, donde se disparan las diferencias. A saber, los extremos:
- Extremadura, con un VAB que supone un 23,2% de su PIB y un gasto público del 68,6%
- Madrid, con un VAB del 10,5% y un gasto público del 27,7%
- Siendo la media de las regiones españolas para el VAB el 12,6% y del gasto público el 41,4%
En número de funcionarios, para datos de la OCDE del año 2008, España tampoco parece diverger mucho en relación a su entorno, con un 12,3% del total de trabajadores, mientras que en Italida es el 14,3%, en Reino Unido el 17,4%, en Estados Unidos el 14,6% y a mucha distancia Dinamarca y Noruega que superan el 25%.
B) EFICIENCIA
Como continuación al articulo titulado Cómo introducir la eficiencia en el sector público indicar que parece cierto que en España hay menos funcionarios que en la media de la OCDE, pero proporcionalmente estarían cobrando más que el resto y trabajando menos horas (la media de la OCDE es 1.742 horas y la española 1.663 horas, para el año 2010). A esto hay que añadirle la escasez de información y datos que hay sobre la Administración española.
Es erróneo hacer juicios generales sobre el funcionamiento de las Administraciones y del sector público pero también es un desacierto en el caso español:
- Disponer de pocas estadísticas sobre el tema
- Carecer de medidas de evaluación del rendimiento y de eficacia del sistema
Lo que parece claro es que el mercado corrige mejor y más rápidamente la ausencia de valores como el rigor y el esfuerzo, que tanto daño hacen a la economía en general, y al modelo de crecimiento en particular.
C) (BUENA) GOBERNANZA
Un buen indicador para evaluar la dirección de la política económica de un país es la distribución de recursos entre partidas de los Presupuestos Generales del Estado. De esto va a depender el rumbo del modelo económico a adoptar. Sin embargo, una mayor dotación presupuestaria no asegura mejores resultados. Este hecho es observable por ejemplo en educación, donde regiones españolas con mayores inversiones en educación, no están entre las primeras en el informe PISA sobre educación, de la OCDE. Ni todas las subvenciones que se conceden buscan beneficios para toda la sociedad, sino para unos pocos.
Finalmente, nada que añadir a la corrupción, a las designaciones "a dedo", y la ausencia de criterios objetivos en la adecuación de puestos públicos a personas, que tanto perjudican a una economía y a su credibilidad.
Como conclusión, el problema no tiene porqué estar en el tamaño de la Administración Pública, sino en su funcionamiento. Ahora bien, es necesario estudiar detenidamente el impacto de las políticas de gasto público, exigiendo y verificando los resultados obtenidos para, en su caso, corregirlos a tiempo. La consolidación de un gasto estructural que mantiene su inercia durante décadas debe dejar paso al planteamiento de políticas alternativas que puedan ofrecer mejores resultados y a más corto plazo.
Equipo de redacción dE
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