En la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, el Gobierno de España ha tendido la mano a las Comunidades Autónomas (CC.AA.) por medio del Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. En esta etapa, los esfuerzos se están dirigiendo a cambiar la gestión del gasto público asociada a la política presupuestaria de cada región.
En resumen, Montoro ha defendido la idea que impera en la Unión Europea: Ayudas sí, pero condicionadas a mejorar la ineficiente política de gasto llevada hasta ahora. Como en tantas otras facetas de la vida, la solución al déficit de las CC.AA. debe pasar en primer lugar porque aquellas reconozcan el problema. Y en segundo lugar, porque se ayuden a sí mismas y se comprometan de una vez por todas a cambiar sus políticas económicas.
En concreto, las garantías que ofrece el Gobierno a las CC.AA. se instrumentará a través de una línea especial de crédito del ICO (Instituto de Crédito Oficial) para favorecer los pagos urgentes a proveedores y que la propia Administración pueda dar ejemplo ante la Ley de morosidad del año 2010, evitando sus indeseables efectos económicos.
Al igual que ocurre en el seno de la Unión Europea, el Gobierno contará con un mecanismo sancionador para las CC.AA. que no cumplan con el objetivo de déficit propuesto, siendo su sanción más severa la de una intervención de facto. En estos casos, la región deberá regirse por un plan de reequilibrio presupuestario controlado por el Ministerio de Hacienda.
Pero que el Estado se haga responsable de irresponsabilidades en la gestión, no le saldrá gratis a los políticos. O esa al menos es la idea con la que el Gobierno pretende cerrar "la cuadratura del círculo" de una gestión eficiente y responsable en las CC.AA. Ayer conocimos que el Gobierno planea cambios a través de la llamada Ley de Transparencia para poder exigir responsabilidad penal a los gestores públicos, ya sean políticos o personas designadas por estos. Y es que a estas alturas de la vida política ya sabemos que el soborno, la prevaricación, el cohecho,... son delitos. Pero falsear contabilidad pública o esconder u ocultar facturas de la Administración también debería estar tipificada en el código penal desde hace tiempo. Menos sacrificios se exigirían ahora a la población para sanear cuentas.
Equipo de redacción dE
Si has encontrado útil este artículo puedes compartirlo desde tu blog, página Web o foro.
No hay comentarios:
Publicar un comentario