Una vez configurada la estructura de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria
(SAREB), faltaría una cuestión capital por su necesidad, ¿quién debe aportar los fondos para garantizar su viabilidad?
Según las últimas estimaciones, el SAREB necesitaría una capitalización aproximada de 60.000 millones de euros, en los que el Estado no tiene mucho margen para participar teniendo en cuenta que el complicado objetivo de déficit no se lo permite.
En los últimos días están sonando para ello compañías de seguros como Mutua Madrileña, que estaría dispuesta a aportar la friolera de 30.000 millones de euros. Dicho esto, muchos de ustedes se estará preguntando; ¿qué problema hay con admitir a las aseguradoras en este proceso?
Pues bien, teniendo en cuenta el objeto social de estas compañías que no es otro que la canalización del ahorro y la garantía de unos compromisos de pago a futuro. Esta necesidad les lleva a invertir en inversiones de cierta calidad (reguladas por la Dirección General de Seguros y Planes de Pensiones en el mercado español), no pudiendo invertir en activos arriesgados o que comprometan los flujos de efectivo dentro de su proceso de cash-flow-matching.
Por tanto, desde el punto de vista actuarial, tanto en cuanto se trata de activos 'tóxicos' procedentes del sector inmobiliario, no reúnen las propiedades técnicas deseables para la futura cobertura de pagos de los planes de pensiones, previsión social, seguros de vida, y otros tantos mecanismos que tienen como objetivo la cobertura de contingencias sobre la vida o el patrimonio de los inversores.
Equipo de redacción dE
En dE | La gestión del excedente inmobiliario en España presenta un paralelismo con la solución irlandesa, El Banco malo toma forma
Imagen | alancleaver
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