Diversos grupos de la extrema izquierda política y sindical en España llevan meses pidiendo la instauración de medidas de "justicia social" tales como el establecimiento de un salario mínimo interprofesional (SMI) y de una pensión mínima de 1.000 euros o que la deuda (o parte de ella según la finalidad) no se pague.
Muchos lectores y seguidores de diario de un Economista nos han preguntado por esta cuestión y nos gustaría escribir sobre tema, aclarando los inconvenientes y las limitaciones de este tipo de propuestas que, aunque muy populistas y demagógicas, no son para nada viables.
Tenemos que partir de la idea de que en la Administración del Estado, al igual que en cualquier familia, los presupuestos (PGE) limitarán las posibilidades de actuación pública y de reparto. Y ese límite viene determinado por los ingresos públicos que se pueden obtener (fundamentalmente tributarios) y la prelación de gastos públicos que hay que atender. La mayor o menor presión fiscal por parte de los ingresos públicos y la forma en que se asigne el gasto público, definen la política económica de un país, territorio, etc.
Ahora bien, incrementar los recursos de determinadas partidas como proponen determinados grupos ideológicos (pensiones, rentas mínimas, etc.) supone detraer (recortar) recursos de otras porque, a más que nos duela, los recursos públicos son limitados según lo expuesto anteriormente. Es como tirar de la sábana para taparte la cabeza y que se te descubran los pies. Por eso, a todas estas propuestas de incrementar recursos a determinados colectivos habría que contestar preguntando ¿y de dónde?
Coyunturalmente, podría incrementarse en mayor proporción el gasto que el ingreso (déficit) permitiendo, a través del endeudamiento público, acometer ciertas actuaciones necesarias o situaciones de extraordinaria urgencia sobrevenidas. El problema viene cuando la acumulación de deuda no tiene como origen ni actuaciones necesarias ni de extraordinaria urgencia, sino motivaciones políticas para mantener a su electorado. Digamos que en los últimos años los cartuchos de la recámara se emplearon en políticas totalmente ineficientes de gasto, como fueron en España el Plan E, el llamado cheque bebé, deducción de 400 euros en el IRPF, etc. y ahora soportar con los ingresos públicos actuales, el nivel de gasto público que se pretendía mantener con anterioridad, es materialmente imposible. Hay que dar varios pasos atrás a través de importantes reformas (por dolorosas que sean) para coger carrerilla e intentar salir lanzados cuando el signo económico empiece a cambiar. Les recomendamos la entrada en este blog ¿Por qué es importante el control del gasto público?
La otra opción es seguir endeudando al país hasta el infinito, cosa que es totalmente inviable puesto que los inversores no prestarán a un país incapaz de devolver sus préstamos, como tampoco prestaríamos cualquiera de nosotros a una persona en "bancarrota". Se pueden imaginar las consecuencias de impagar la deuda pública como también proponen algunos grupos ideológicos: bloqueo crediticio total para el país.
Equipo de redacción dE
Imagen | sporras
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Suscribo sus argumentos, pero qué me diría de USA, el país con la deuda soberana más grande en términos absolutos y relativos del mundo. Tal vez la expansión fiscal sea compatible con ser la todavía primera potencia mundial. Un saludo.
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