El pasado fin de semana, a pocos días de la celebración de elecciones autonómicas en Andalucía, ha vuelto a resurgir el debate electoral sobre el mantenimiento de las ayudas o subsidios asociados al Plan de Empleo Rural (PER) como modelo de empleo válido para las zonas rurales. ¿En qué consiste el PER? ¿Por qué es objeto de controversia periódicamente? Hoy en dE queremos exponerles algunos detalles sobre la (sin) razón de ser de esta medida de política económica rural.
El Plan de Empleo Rural (PER) es una política establecida por el gobierno socialista de Felipe González en el año 1986. Consiste en que el Estado presupuesta un fondo anual para que los ayuntamientos de determinadas regiones (básicamente Andalucía y Extremadura) ejecuten planes de obras y contraten a jornaleros en paro. Estos contratos les sirven a dichos jornaleros para completar las peonadas mínimas que necesitan para poder tener derecho al subsidio agrario. Por tanto, la primera conclusión es que el PER no es un subsidio, sino un fondo para obras municipales.
Los jornaleros adscritos al Régimen especial agrario de la Seguridad Social pueden tener derecho a un subsidio agrario (diferente del desempleo) de una duración de hasta 6 meses, en función de un número mínimo de jornales trabajados, de la situación familiar (cargas familiares) y según criterios de renta. El número mínimo de peonadas para poder cobrar esta prestación estaba fijado en Andalucía en 35 días, reduciéndose el pasado año por el gobierno regional hasta los 20 días, que junto con la posibilidad de sumar los jornales agrarios con los días trabajados gracias a los fondos del PER, facilitaban el acceso a una prestación a un gran base poblacional. Segunda conclusión: La contratación de mano de obra con los fondos PER, tiene la lectura en el ámbito rural una compra de votos a discreción del gobierno local y autonómico.
Mientras que otras regiones han aprovechado los fondos del Estado para orientarlos a la industria (reconversiones de la automoción en Cataluña o los astilleros del norte) o a la mejora de otro sector primario (como la minería en Asturias), especialmente a la política del PER en Andalucía la han tildado de "cultura del subsidio" o de "voto cautivo". Se critica que esta política perjudique el verdadero desarrollo económico de las regiones rurales y que por contra, incentive fraudes como la compra de jornales falsos a los patrones para tener derecho al subsidio o la realización de otros trabajos no declarados mientras lo perciben. Tercera conclusión: Con elevadas tasas de fraude pierde toda la sociedad, y daña especialmente la educación, los valores y la cultura de generaciones enteras.
A pesar de los esfuerzos de la Inspección de trabajo por controlar y sancionar la incompatibilidad de esta prestación con otros trabajos (ni qué decir que en economía sumergida), cunde entre amplias bases de la población andaluza la idea de que es un derecho adquirido. Indudablemente este mensaje "cala" entre generaciones y clanes familiares completos y desanima muchos esfuerzos que deberían ir encaminados al desarrollo personal y profesional sobre todo de los más jóvenes.
Equipo de redacción dE
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