El ministro de Economía y Competitivad del Gobierno de España, Luis de Guindos, anunció ayer un plan para tratar de suavizar el drama social y las cargas económicas que suponen los embargos hipotecarios a los morosos por parte de la banca española.
En resumen, habrá nuevas normas legales, pero parece que la base del nuevo modelo en ejecución hipotecaria girará en torno a un Código de Buenas Prácticas para la banca, donde su adhesión sería voluntaria. Las líneas maestras de la nueva propuesta del ministro son:
Existe un grupo de trabajo entre el Ministerio de Economía y las patronales del sector de la banca, tratando de definir los aspectos del Código. El Código no sería vinculante para la banca, sino de adhesión voluntaria. Aunque el Gobierno haría pública la lista de Entidades adheridas.
Se prevé la dación en pago, es decir, la posibilidad de que la deuda del hipotecado se quede saldada con la entrega de la vivienda por parte del deudor, cosa que actualmente no contempla la ley española. Asimismo se propone la posibilidad de establecer un período de carencia de hasta 2 años, antes de que la ejecución hipotecaria se haga efectiva, a través del pago de un renta considerada como justa (entendida a modo de alquiler en condiciones ventajosas) a la entidad bancaria.
Por otra parte, se prevé que la Entidad asuma parte de la pérdida cuando el valor del inmueble no cubra el valor del préstamo con motivo de la depreciación sufrida en las tasaciones de los últimos años.
Finalmente, en el Código se incluiría una propuesta para que el pago del capital de la hipoteca, en caso de embargo, sea proporcional al número de cuotas abonadas, soslayando el hecho de que en el pago de los préstamos hipotecarios se prioriza el pago de intereses sobre el de capital.
Importante destacar que todo ello iría encaminado a determinados colectivos que formen parte de un umbral de exclusión social. Habría que definir todavía qué familias y bajo qué requisitos podrían beneficiarse de estas ayudas. La razón es establecer las cautelas necesarias para evitar situaciones de abuso o fraude. Ni qué decir tiene para evitar que se beneficien de esta norma las inversiones inmobiliarias que tuvieron finalidad especulativa en plena burbuja inmobiliaria.
Legalmente, el equipo de De Guindos está trabajando con el Ministerio de Justicia para mejorar los procedimientos de ejecución hipotecaria con el doble objetivo de:
- Mejorar el funcionamiento de las subastas tratando de que el precio de venta de las viviendas sea el más elevado posible.
- Mejorar y potenciar las ejecuciones extrajudiciales, que tantos problemas ha dado en muchos casos, al realizarse ante notario la subasta de un inmueble que puede ejecutarse por precios muy inferiores al de la deuda, dejando al deudor sin inmueble y con una carga importante pendiente ante su entidad financiera.
Estaremos atentos para comprobar en qué se quedan todas estas propuestas finalmente. Y si, tal y como se han anunciado, son capaces de aliviar el mal trago por el que están pasando tantas familias en España desde hace casi 4 años, bienvenidas sean.
Equipo de redacción dE
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