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El impuesto sobre el valor añadido (IVA), además de suponer un termómetro sobre la salud del consumo de la economía (sin consierar el lastre en el PIB de la economía sumergida), constituye el segundo mayor impuesto por volumen de recaudación según datos presupuestados para el ejercicio 2011 por el Ministerío de Economía y Hacienda (http://www.meh.es/). Por ello, ante el actual estado de cuentas del erario público, está siendo objeto de debate la posibilidad de nuevos incrementos del tipo impositivo general (18%) y reducidos (8% y 4%) bajo la justificación de una armonización fiscal con el resto de la UE (con tipos generalmente más elevados) pero con la realidad de una necesaria reducción del déficit público, con mayor o menor agrado del contribuyente. Pero lejos de la política fiscal del Gobierno de turno, es en la propia naturaleza de este tributo donde radica una de las grandes trabas para el adecuado funcionamiento de la cadena de valor que grava. No es concebible que, un impuesto llamado a ser neutro en la cadena de valor del sistema productivo, pueda decapitar financieramente a autónomos y Pymes: El impuesto se devenga con la entrega de los bienes o la prestación de los servicios, naciendo en este momento la obligación de liquidarlo ante la AEAT en el período correspondiente (mes o trimestre siguiente, según el caso). Ahora bien, ¿qué ocurre cuando los clientes pagan a su proveedor a 90, 120, 180 días...? Pues que, o el proveedor tiene el suficiente músculo financiero para adelantar con fondos propios la liquidación ante Hacienda o comenzarán los problemas tributarios mucho antes de haber visto un solo euro de beneficio por sus ventas. Estas situaciones han contribuido a retrasos salariales, impagos y por no decir el cierre de muchas pequeñas y medianas empresas. En un período como el actual de precampaña electoral, ya se empiezan a oír algunas voces que abogan por la modificación de la actual normativa de devengo del IVA, orientándo la liquidación hacia el criterio de cobro efectivo de las operaciones. Esta reforma llegaría tarde, pero esperemos que no mal o nunca. Cosa distinta sería hacer cumplir la reciente Ley de Morosidad para que los pagos se ejecuten en plazos razonables. Equipo de redacción dE |
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