viernes, 21 de octubre de 2011

El "nuevo" Impuesto sobre el Patrimonio sólo aporta debate a la Economía Española


 Desde el ejercicio 2008, existía una bonificación del 100% para el Impuesto sobre el Patrimonio (IP), que suprimía la obligación de declarar y tributar por él. Recientemente, el  Consejo de Ministros aprobó la restauración de este impuesto a través del RDL 13/2011, de 16 de septiembre, aunque con algunas variaciones.
En la exposición de motivos del referido RDL se hace alusión a "La necesidad de asegurar nuestra economía [...]" y a "[...] resulta esencial el principio de equidad para que haya una mayor contribución a la salida de la crisis por parte de quienes tienen una mayor capacidad económica". Esto, junto con algunas declaraciones desde algunas vertientes se ha vendido como un "impuesto a los ricos" o a las "riquezas".

¿Puede ser tan importante su impacto en la recaudación y contribución al equilibrio de nuestras cuentas públicas o estamos ante un brindis al sol por parte de nuestros políticos?
Más bien lo segundo, por las siguientes razones:
En primer lugar se ha establecido con carácter temporal (en princicio es sólo de aplicación en los ejercicios 2011 y 2012), siendo además cuestionada su aplicación por diversas Comunidades Autónomas (es un impuesto cedido a estas). Y en segundo lugar, su impacto en la recaudación de nuestro sistema tributario no es de peso por lo que la contribución a la disminución del déficit público será mínima. Hay que recordar que se ha elevado el mínimo exento en la valoración de la vivienda habitual hasta 300.000 euros y se ha establecido un mínimo exento global de la base imponible del impuesto de 700.000 euros.
Todo ello da buena fe del relativamente escaso impacto que tendrá este tributo.

La gestión de las cuentas públicas debería centrar más los esfuerzos en el lado del gasto y en su contención, antes que en una demagógica proclamación de subida de impuestos para los ricos, que apenas contribuiría a mejorar el desequilibrio presupuestario actual y que sólo puede generar desvandadas de patrimonios hacia paraísos fiscales, eliminando la posibilidad de que sean invertidos en tejido productivo y puestos de trabajo en nuestro país.

Equipo de redacción dE

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