Entre estas partidas de gasto se encuentran la sanidad (que ha derivado incluso en el cierre de ambulatorios y centros médicos públicos en la comunidad autónoma catalana), la seguridad ciudadana (con menores plazas de efectivos de policía nacional), en mantenimiento de parques y jardines, e incluso en servicios a la comunidad, como por ejemplo actividades para la tercera edad y la menor oferta de actividades culturales. En definitiva, se ha reducido la cantidad y la calidad de los servicios públicos.
A pesar de que la mayoría de ciudadanos españoles han tomado conciencia de la situación socio-económica que atraviesa el país, y coinciden plenamente en que es necesario instrumentalizar medidas de austeridad para lograr el equilibrio presupuestario, o al menos, reducir nuestro nivel de endeudamiento. A pesar de ello, dudo de si estamos preparados para realizar dicho ajuste, porque muchos aprecian estos servicios públicos como un derecho adquirido, en muchos casos respaldados por nuestra carta magna, pero que ignoran que al mismo tiempo se han de 'cuidar' cuidar las cuentas públicas para garantizar su viabilidad a largo plazo.
En conclusión, la situación actual obliga a las administraciones públicas a apretarse el cinturón, lo que no deja de proporcionar una situación compleja y muchos reproches por parte de la ciudadanía. Pero que al mismo tiempo tiene una lectura positiva, la de una mayor conciencia social respecto a la necesidad de unas políticas equilibradas que respalden los servicios públicos como motor del desarrollo social y económico.
Equipo de redacción dE
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