Desde el año pasado, la asfixiante falta de liquidez que viene oprimiendo a las Administraciones Públicas regionales les motivó, en algunos casos, a la emisión de los llamados bonos "patrióticos". Y es cierto, realmente no se ha querido engañar a nadie: En las últimas emisiones de deuda de las Comunidades Autónomas (CC.AA), en el discurso de los políticos sólo ha predominado el sentimiento de amor a la patria y el de procurar todo su bien, para su colocación en el mercado. Y ya se sabe, paradojas de la vida, pese al enorme daño que estos bonos hacen a las finanzas públicas, quién rechace este tipo de endeudamiento... ¡es un antipatriota!
El próximo mes de noviembre, se cumplirá un año desde que la Generalitat de Cataluña (con el tripartito y el entonces presidente José Montilla a la cabeza), colocara su primera emisión de bonos patrióticos por valor de 3.000 millones de euros a un plazo de 12 meses y un tipo de interés del 4,75%. Le seguiría una segunda emisión en mayo de 2011 colocada en dos tramos: a doce meses al 4,25% y a dos años al 4,75%.
La Generalitat Valenciana copió la primera emisión de Catalauña tan solo un mes después. En diciembre de 2010 emitió 1.500 millones de euros al 4,75% con vencimiento el 22 diciembre de este año. Igualmente, el pasado mes de mayo siguió a la emisión catalana para colocar un total de 720 millones de euros en 2 tramos ofreciendo idénticas rentabilidades que su predecesora.
El argumento que nos ofrecen los dirigentes políticos para justificar estos nuevos endeudamientos, está en tener la posibilidad de acortar los plazos de pago a proveedores. Sin embargo, si añadimos a los intereses anuales que deben afrontar en el pago de los bonos (4,75%), la comisión ofrecida a las Entidades colaboradoras por el aseguramiento y la colocación de la emisión (próximo al 2%) tenemos que la operación le sale demasiado cara al resto de compatriotas.
El próximo mes de noviembre, el gobierno de Artur Mas va a refinanciar la deuda de los bonos patrióticos emitidos hace un año. Y lo va a hacer, colocando una nueva emisión pero esta vez pagando a un año el 4,75% y a 2 años el 5,25%. Con esta nueva emisión quieren captar entre 3.000 y 4.000 millones.
Esta refinanciación está forzada por no suspender pagos al vencimiento de la primera. Pretenden atraer más inversores (y mantener los existentes) subiendo la rentabilidad por bono un 0,5% respecto a la emisión de mayo de este año en el caso de un año y hasta un 1% para aquellos inversores que apuesten por 2 años. Esto es un claro indicador de que actualmente no están en condiciones de devolver el nominal de la primera emisión, y que para no suspender pagos no tienen más opción que refinanciar por la misma vía. Además van a premiar a las Entidades colaboradoras que contribuyan a la colocación de bonos a 24 meses, con mejores comisiones de aseguramiento y colocación que las que ofrecen para los bonos a un año.
Hay que tener en cuenta que en este tipo de emisiones no se garantiza al inversor el cobro de los intereses y que su venta anticipada está sujeta al mercado de Deuda Pública, donde tampoco el nominal invertido está asegurado en modo alguno.
Las CC.AA han entrado en un terreno de deuda y emisiones de deuda demasiado pantanoso. Y aunque siempre se tiene presente el respaldo del Estado a las mismas, habrá que ver qué clase de correctivos empiezan a utilizarse para paliar el déficit y la deuda en la que continuamente se sumergen.
Sin duda, los mercados van a estar pendientes de que en qué sentido se pronuncien las agencias de calificación en las próximas semanas.
El incesante déficit de las Administraciones Públicas regionales, y la deuda que acumulan, es un lastre que no hace sino minar su salud financiera futura, hipotecando a generaciones futuras de ciudadanos. Los esfuerzos políticos deben ir encaminados a reducir el déficit. Las cuentas públicas, anualmente deberían tender al déficit cero. Los ingresos públicos deberían dar cobertura a todo el gasto público que devenga una economía regional, salvo en determinados desfases de tesorería, catástrofes y casos debidamente justificados o de fuerza mayor. En cualquier otro caso el déficit público puede ser síntoma de un entramado político, administrativo o burocrático y funcionarial (de gasto, en definitiva) que supera al que las CC.AA. puedan admitir presupuestariamente.
La emisión más reciente de bonos patrióticos ha tenido lugar en Andalucía, que el pasado 26 de septiembre se vio obligada a cerrar anticipadamente la emisión ante el exceso de demanda. Finalmente se colocaron 600 millones de euros a un plazo de 12 meses y un tipo de interés del 4,25%.
Suma y sigue para otra Comunidad Autónoma y esperamos que cuanto antes el Consejo de Política Fiscal y Financiera de las CC.AA. pueda poner freno y racionalizar este tipo de emisiones.
Equipo de redacción dE
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