Después de polémica suscitada por el trágico final que están teniendo algunos casos respecto a los desahucios, parece ser que el Gobierno de la nación va a mover ficha al respecto (puesto que el código de buenas prácticas bancarias ha resultado escaso dada la magnitud de la crisis económica), y por ello hoy quería hacer una puntualización sobre quién tiene el poder efectivo de cambiar la situación, quién asumiría los costes de una acción al respecto, y cuáles son los planes y/o medidas más razonable que se pueden aprobar de manera inmediata.
Vayamos punto por punto:
¿QUIÉN TIENE POTESTAD PARA MODIFICAR LA LEGISLACIÓN VIGENTE?
Tal y como solicitó Juan Carlos Mediavilla, Juez decano de Barrakaldo (Vizcaya), esta función no corresponde a la administración de justicia, sino que ha de ser el propio Gobierno, quien admita a trámite parlamentario las modificaciones a establecer.
Por tanto, ni los jueces ni las entidades financieras pueden modificar a instancia de parte la legislación ni en un sentido ni en otro.
¿QUIÉN ASUMIRÍA LOS COSTES DEL PROCESO?
Como ustedes conocen, cualquier decisión que se tome al respecto tiene sus connotaciones económicas, que se traducen en pérdidas o menores ganancias (lucro cesante) para las entidades financieras titulares de las fincas que se han utilizado como garantía en la formalización de contratos hipotecarios.
Por lo que si se aprueba una paralización temporal o más dilatada en el tiempo de los desahucios, se causará un perjuicio económico a estas entidades, que estas deberían negociar con un Gobierno en crisis para mitigarlas, al menos en parte. Para que se hagan una idea, en España, cada día hay del orden de 200 desahucios, lo que hacen un total aproximado de 50.000 al año, de ahí su importancia en términos monetarios.
¿QUÉ MEDIDAS SON MÁS REALISTAS Y FACTIBLES?
Dada la urgencia con la que se ha de acometer el problema, la medida que apruebe el ejecutivo de Mariano Rajoy la semana próxima debe ser una decisión colegiada que ha de consensuarse con los sectores directamente implicados, que son la administración de justicia, el Banco de España (BdE), los bancos, las cajas de ahorros, y por supuesto, los colectivos de personas afectados por esta situación.
Tal vez lo razonable sería una paralización temporal de algunos procesos muy tipificados, prestando especial atención a los sujetos que no cuenten con otra vivienda a su disposición, y en aquéllos casos en los que las condiciones de renta y familiares les posicionen en una posición más desfavorable.
En cuanto a la parte económica de la cuestión, dichas entidades financieras cederían, pero no lo harían gratis, por lo que el Gobierno en coordinación con el BdE podría permitir que se liberasen las provisiones contables asociadas a estos créditos de dudoso cobro, o la percepción de incentivos fiscales para las fincas implicadas que se encuentran en sus balances.
Equipo de redacción dE
Imagen | igonzalez
Si has encontrado útil este artículo puedes compartirlo desde tu blog, página Web o foro.
No hay comentarios:
Publicar un comentario