Una de las piezas claves en el controvertido puzle de reducción del gasto público es el estado de las autonomías, un nivel administrativo que acapara una gran parte del gasto público, y también una de las principales fuentes de generación de deuda por parte del Estado.
Mucho se ha hablado sobre la ineficiencia organizativa de un país como España en el que se entremezclan tres niveles administrativos, con competencias descentralizadas, que más que promover una mejor asignación de los recursos, aumentan la capacidad de gasto con unas estructuras regionales que excedían con creces a los de partida, cuando las competencias de Sanidad y Educación pertenecían al Estado.
La crisis, a pesar de la virulencia con la que nos ha atacado, ha sacado algunas cuestiones en claro, entre las que se descantan que las aspiraciones políticas no han de anteponerse a las económicas. Lo que nos debe servir para el futuro para que la eficiencia en el gasto público ha de ser el parámetro decisor ante pretensiones como las que plantean las autonomías.
Piensen por un momento en alguno de los gastos que han llevado a cabo cualesquiera de las autonomías, ahora hagan un pequeño ejercicio sobre si realmente las políticas que han establecido estas ha sido sustancialmente distinto al de cualquier otra. Pues bien, mientras que la mayoría de ustedes no aprecia diferencias en este sentido, el gasto público ha crecido exponencialmente.
Equipo de redacción dE
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