Las últimas subastas de entidades financieras celebradas (CAM y Unnim) junto con las que estaban por llegar este verano (CatalunyaCaixa y Banco de Valencia), ya sembraron dudas sobras las posibilidades reales del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) de hacer frente a sus obligaciones de cobertura. La delicada situación que atraviesa Bankia, que podría necesitar ayudas públicas estimadas en unos 7.000 millones de euros, termina de dejar al descubierto que garantías precisamente no sobran en el sistema financiero español.
El Fondo de Garantía de Depósitos fue unificado por el Gobierno a través del Real Decreto-ley 16/2011, de 14 de octubre, originando un único fondo para todas las entidades de crédito, con independencia de su naturaleza (bancos, cajas de ahorro, cooperativas de crédito), aunque mantiene las mismas funciones que los tres fondos de garantía anteriores:
- Garantizar y dar cobertura a los depósitos de los ahorradores (hasta un límite de 100.000 euros por depositante y entidad).
- Realizar actuaciones que refuercen la solvencia y funcionamiento de entidades en dificultades. Básicamente a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).
El FGD se nutre principalmente de las aportaciones anuales que deben realizar las entidades de crédito, variando el porcentaje de aportación según su naturaleza (banco, caja, cooperativa) y en función de los depósitos que hayan captado. Además, en caso de necesidad, las entidades pueden ser forzadas a realizar contribuciones extraordinarias. El FGD también puede recurrir a operaciones de endeudamiento.
Para completar el proceso de saneamiento y reestructuración del sistema financiero, el FROB está respaldando económicamente a las entidades o grupos de entidades en problemas, o bien a aquellas que son adjudicatarias de otras (fusiones). Para ello, el FROB tiene dos fuentes de financiación:
- El Fondo de Garantía de Depósitos.
- Dotaciones de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), es decir, dinero público.
El FGD está en mínimos tras las ayudas aportadas a las entidades en problemas y a las intervenidas desde que se inició la crisis. Y aunque el Estado sería el responsable último y quien respondería de las carencias del FGD, ni qué decir tiene cual es el panorama de austeridad que presentan los PGE.
Creemos sin duda, que la respuesta en forma de medidas que dará el Gobierno de España el próximo viernes en el Consejo de Ministros será contundente en materia financiera. Y debe de serlo porque no hay otra salida con el agotamiento de recursos del FROB, muchas entidades financieras resquebrajándose como un castillo de naipes y una reestructuración financiera en España que no se termina de cerrar.
Equipo de redacción dE
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