El pasado año les preguntábamos sobre la posibilidad de la instauración de una amnistía fiscal para el dinero que hubiese escapado al cauce habitual del fisco, una posibilidad que tendría su sentido ecómico al atacar a dos focos, por una lado la inyección de capitales en el circuito económico, y segundo, la utilización de este para el empuje financiero que necesita el tejido productivo nacional ante las dificultades para acceder al crédito.
De tal manera que el ejecutivo de Mariano Rajoy la acaba de introducir en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), y según sus estimaciones, esta medida incentivará a los 25.000 millones de euros de 'dinero negro' existentes en la economía española, de tal manera que se podrían recaudar aproximadamente 2.500 millones de euros, lo que contribuiría a incrementar los ingresos fiscales, muy necesario en un proceso de ajuste fiscal como en el que nos encontramos.
Aunque el recurso a la amnistía fiscal está amparado por una recomendación de la OCDE para problemas con dificultades económicas, en mi opinión es una medida impopular y socialmente injusta, porque mientras un amplio espectro de la población ha pagado religiosamente los tributos que le corresponden (IVA, Sociedades e IRPF), con unos gravámenes del 18%, 17-24% y 20-40%, ahora los 'defraudadores' podrán regularizar su situación patrimonial mediante el pago de un peaje muy liviano, una tasa fija del 10%.
Como colofón tenemos que decir que mientras que desde el punto de vista económico es una medida 'necesaria', desde el punto de vista social no lo es. Por lo que en lugar de esta medida se podrían haber reforzado otras como la inspección tributaria y el aumento de las sanciones administrativas y económicas, para que tengan el suficiente efecto disuasorio como para impedir que las actividades empresariales y privadas de los 'defraudadores' escapen al circuito económico regulado.
Equipo de redacción dE
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