Una de las noticias económicas que más a la orden del día están en la sociedad española es la inacción que la justicia está mostrando respecto a los miembros de los consejos de administración que han llevado a la quiebra a algunas entidades financieras a causa de su mala gestión.
Generando una situación con múltiples afectados, que van desde los propios clientes, pasando por el contribuyente (porque muchas entidades se están 'rescatando' mediante fondos obtenidos vía coercitiva, es decir, vía impuestos), y hasta a la credibilidad de nuestro país, al deteriorar nuestro prestigio y aumentar las dudas sobre la solvencia de nuestro sistema financiero.
Esta inoperancia demuestra una gran carencia de nuestro ordenamiento jurídico, al no sancionar a los que con su gestión han conseguido la hecatombe de muchas entidades, pasando por alto el valor del sentido de la responsabilidad, en el que cada individuo como integrante de la sociedad ha de ser responsable de sus propios actos y asumir sus consecuencias.
Sin ánimo de entrar en el debate de si las penas asociadas a los delitos económicos son o no proporcionales, por no ser la temática que nos ocupa, tal vez habría que cuestionarse el reforzar nuestro ordenamiento jurídico con nuevas leyes, porque tal vez evitaríamos algunos errores que se han cometido en el pasado, al tiempo que lograríamos una mejora de la gestión, reduciendo los incentivos para llevar a cabo ciertas acciones, y poniendo coto a ciertas aspiraciones personales y privadas, que en muchos casos se han interpuesto al interés general, con innumerables consecuencias que ahora se intentan diluir entre el conjunto de los ciudadanos, sin que el que los haya generado se vea sancionado por ello.
Equipo de redacción dE
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