La decisión del Gobierno de España de designar auditores externos para ofrecer una tasación del valor real de los activos inmobiliarios que mantiene la banca española en su balance, está generando incertidumbre desde varias vertientes. Por un lado, por el conflicto de intereses que podría darse con las agencias norteamericana Oliver Wyman y BlackRock la alemana Roland Berger (elegida finalmente por el gobierno ante las críticas de la designación de BlackRock) por y por otro lado, por los efectos de un drástico ajuste de las valoraciones.
BlackRock también es potencial compradora de activos inmobiliarios, como hedge fund. De ahí el conflicto de intereses que podría haberse dado ante una casi segura depreciación de la valoración inmobiliaria. A pesar de que la empresa norteamericana haya clamado por su integridad y por tener sus líneas de negocio diferenciadas, la realidad de una valoración a la baja y su posterior entrada como inversores, está ahí. Su posible designación provocó el malestar de buena parte de la banca española.
Por otra parte, la evolución del mercado inmobiliario que periódicamente ofrecen firmas de tasación como TINSA, parece diferir de las necesidades reales de ajuste de este mercado para dinamizarlo. Se habla de que el precio de venta de los inmuebles baja un determinado porcentaje durante un período, pero es innegable que aún falta mucho recorrido de ajuste de precios a la baja para adecuar el mercado inmobiliario a su realidad:
- Elevado exceso de oferta en manos de promotores y sobre todo de la banca.
- Débil demanda agravada con la dificultad de financiación y la situación de las economías domésticas (elevado endeudamiento privado, desempleo, etc).
Las dos últimas reformas financieras aprobadas por el Gobierno, han tenido como objetivo esclarecer los balances de la banca y ajustar el valor de los inmuebles, via cuenta de resultados, por las pérdidas procedentes de su depreciación (tanto de los activos en situación de "dudoso", como de los sanos o en situación "normal"). Además el Gobierno ha previsto en la última reforma financiera (Real Decreto-ley 18/2012, de 11 de mayo) la creación de sociedades de capital de las entidades de crédito (los conocidos como "bancos malos"), donde estás aporten los inmuebles adjudicados o recibidos en pago. Además se han incentivado fiscalmente las compraventas con una exención del 50% de la ganancia patrimonial obtenida por la transmisión de inmuebles urbanos, con ciertas limitaciones, y hasta el 31 de diciembre de 2012.
El objetivo es, de una vez por todas y cuanto antes, tratar de dar salida a los activos inmobiliarios de la banca, que tanto están lastrando la recuperación del crédito.
Equipo de redacción dE
Si has encontrado útil este artículo puedes compartirlo desde tu blog, página Web o foro.
No hay comentarios:
Publicar un comentario