Como continuación de la exposición de las medidas de estímulo al emprendimiento y a la contratación que les explicamos hace unos días, hoy queremos reseñarles brevemente las medidas de tipo tributario que acompañan en el RDL 4/2013 a las ya explicadas.
El año 2012 se termina en apenas 12 días, y con él se acaban también las opciones de reducir la factura fiscal en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) cuya declaración presentaremos durante los meses de mayo y junio del próximo año 2013. La subida de impuestos en el IRPF para 2012 que ya les avanzamos en estas líneas, puede verse minorada en función de dos grandes bloques:
Nos encontramos en la última quincena del año, en la que tomamos la calculadora y comenzamos a echar números para evaluar nuestros gastos, ingresos, y cómo no, construir nuestra estrategia para conseguir la factura fiscal más favorable.
Entre estas cuestiones, cabe destacar el asunto de los planes de pensiones y otras formas de previsión social complementaria, que a día de hoy gozan de ventajas fiscales, de tal modo que los partícipes de estos productos pueden deducirse unas cantidades vía IRPF con la aportación a dichos planes con unos límites (edad y situación económica de la unidad familiar).
En los foros de economía, cuando se analizan los posibles 'modus operandi' para salir de la crisis, se perciben dos opiniones muy distintas, totalmente opuestas. Por un lado la receta estadounidense, de potenciación del gasto público y de una política monetaria 'blanda', con sucesivas inyecciones monetarias en la economía (recordar los planes CUE).
Y por otro lado, la versión alemana, con un estricto control del gasto público, y la promoción del crecimiento desde la perspectiva de unas finanzas públicas ordenadas y equilibradas.
Como pueden apreciar, estas dos formas son totalmente contradictorias, y por tanto sus efectos también son distintos.
Del Consejo de Ministros celebrado el pasado día 27 de septiembre de 2012, salió aprobado el nuevo proyecto de ley de PGE para el año 2013. Junto a las medidas de contención del gasto que se contemplan, se establecen nuevas medidas tributarias con la finalidad de consolidar la finanzas públicas (incrementar los ingresos fiscales, en roman paladino) y tratar de impulsar la actividad económica. A continuación les mostramos resumidamente las nuevas medidas tributarias a aplicar el próximo ejercicio 2013.
Hace tan solo unos días me llamó la atención la posibilidad de que el Gobierno italiano de Mario Monti bajase la presión fiscal en la economía italiana, una medida que chocaría contra el muro de hormigón del ajuste fiscal y con las peticiones de la Unión Europea, con la cortapisa de que con ello, se incentivaría el consumo favoreciendo el alcance de cotas de crecimiento económico.
Esta posibilidad, desde de mi punto de vista resulta un tanto utópica, y además, cuenta con un escaso margen de maniobra que no tiene hueco para la improvisación de medidas económicas 'originales'. Cuando, de implantarse finalmente carecería de toda lógica económica, porque sería como si alimentásemos nuevamente la maquinaria del gasto cuando se necesita el equilibrio presupuestario.
El Gobierno se ha amparado en la evolución de los ingresos públicos para plantear nuevas medidas que contribuyan a una recuperación económica estable y duradera que parece no llegar nunca. Las medidas fiscales que a continuación les resumimos, se añaden a las anteriores que ya aprobó el actual equipo de Gobierno a través de:
RDL 20/2011, de 30 de diciembre (Entre otras, incremento para los ejercicios 2012 y 2013 del IBI y de las bases liquidables general y del ahorro del IRPF).
RDL 12/2012, de 30 de marzo (Entre otras, medidas temporales -2012 y 2013- y permanentes para incrementar la recaudación del IS y del impuesto especial sobre las labores del tabaco).
Ayer se dio a conocer por parte del presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, el paquete de ajuste presupuestario más duro en democracia, cifrándose en 65.000 millones de euros el importe del ajuste.
Este paquete de medidas ha atacado varios frentes, entre los que se destacan la supresión de la paga 'extraordinaria' de navidad para los funcionarios, la minoración de prestación por desempleo a percibir a partir del séptimo mes, la reducción del número de concejales en los Ayuntamientos, y un incremento de la imposición indirecta, vía subida de los tipos de gravamen en dos de los tres tramos del Impuesto del Valor Añadido (IVA).
En las últimas semanas mucho se ha hablado sobre la posibilidad de que el Gobierno de Mariano Rajoy acabe incrementando el gravamen de la imposición indirecta con el objetivo de ayudar al proceso de ajuste fiscal mediante el camino directo vía un aumento de la base recaudatoria.
A pesar de que el propio poder ejecutivo, la Unión Europea e incluso el Fondo Monetario Internacional (FMI), creemos que una futurible subida del IVA no beneficiaría a ninguno de los agentes de la economía, ni tan siquiera al propio Estado, algunos de los argumentos que podemos señalar son:
Continuando esta semana con el serial específico dedicado a presentar algunas de las principales novedades que han traído tanto los nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año 2012 como el nuevo Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, hoy queremos mostrarle la reforma que ha sufrido el Impuesto especial sobre las labores del tabaco, tras la que el Gobierno espera aumentar la recaudación en 150 millones de euros.
La pasada semana, en la presentación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), el Gobierno puso de manifiesto que el eje fundamental de los mismos era cumplir con el objetivo del déficit público pactado con Bruselas para este año 2012. Ello implicaba incrementar la recaudación fiscal y, toda vez que a finales del año 2011 fueron aprobadas medidas de incrementos de la fiscalidad a personas físicas (IRPF),en esta ocasión la presión fiscal se cierne sobre las actividades mercantiles a través del Impuesto sobre Sociedades (IS). A continuación les exponemos las modificaciones aprobadas para este tributo:
El pasado año les preguntábamos sobre la posibilidad de la instauración de una amnistía fiscal para el dinero que hubiese escapado al cauce habitual del fisco, una posibilidad que tendría su sentido ecómico al atacar a dos focos, por una lado la inyección de capitales en el circuito económico, y segundo, la utilización de este para el empuje financiero que necesita el tejido productivo nacional ante las dificultades para acceder al crédito.
De tal manera que el ejecutivo de Mariano Rajoy la acaba de introducir en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), y según sus estimaciones, esta medida incentivará a los 25.000 millones de euros de 'dinero negro' existentes en la economía española, de tal manera que se podrían recaudar aproximadamente 2.500 millones de euros, lo que contribuiría a incrementar los ingresos fiscales, muy necesario en un proceso de ajuste fiscal como en el que nos encontramos.
Como continuación del artículo referente al nuevo Código de Buenas Prácticas bancarias publicado esta semana con motivo de la reciente aprobación por el Gobierno de España, hoy queremos exponerle resumidamente la normativa adicional que incluye el mismo Real decreto-ley 6/2012 en relación a las ejecuciones hipotecarias.
Tras hacer público el déficit fiscal de las Comunidades Autónomas del Estado español, un déficit que se ha situado aproximadamente en el 8,5% del PIB, lo que se traduce en que las administraciones regionales gastaron en el pasado ejercicio de 2011 85.000 millones de euros más de los que ingresaron.
Esta situación, ha llegado como un nuevo jarro de agua fría que complica aún más si cabe la consecución del objetivo de déficit que ha impuesto la Eurozona a España, que se limita al 4,4% del PIB al término del presente ejercicio de 2012. Y reavivado el debate sobre si es conveniente o no que el ejecutivo de Mariano Rajoy realice una petición formal para la 'relajación' de este objetivo.
Al final del pasado año 2011, el Gobierno de España modificó la fiscalidad del IRPF para los años 2012 y 2013. Este cambio, que afecta tanto a la base liquidable general como a la del ahorro, con motivo de su carácter temporal tiene importantes efectos sobre la tributación de los productos financieros. La periodicidad en el devengo de intereses o plusvalías van a determinar durante los próximos dos años el tipo efectivo de tributación de las inversiones financieras que se materialicen buscando algún rendimiento del ahorro.
Ni que decir tiene que la economía española se encuentra estancada y a la espera de los datos de cierre del primer trimestre de 2012 para confirmar que nos encontramos, de nuevo, en una fase recesiva del ciclo económico. Una fase que ha retomado fuerza ante las dificultades por las que atraviesan las empresas, la acidez del entorno, las malas expectativas, y ante todo, la falta de financiación.
Hace apenas dos meses analizamos en estas páginas la posibilidad de que el nuevo gobierno introdujese una 'amnistía fiscal' con el objetivo de encontrar el revulsivo necesario para que la actividad económica se reactivase, abriendo el debate sobre si es legítimo teniendo en cuenta nuestro ordenamiento jurídico que los que han ocultado fondos al fisco puedan 'ir de rositas' ante una situación de necesidad como la actual, en la que el 'dinero nuevo' destinado a inversiones tiende a ser socialmente más preferido que la lucha contra el fraude.
En materia de lucha contra el fraude fiscal, el nuevo Gobierno de España se enfrentaba a tomar una decisión entre dos alternativas diametralmente opuestas: Bien reforzar los programas de medidas antifraude o bien plantear a la sociedad una amnistía fiscal cuyas ventajas e inconvenientes fueron analizados en estas líneas.
El Gobierno ya ha dejado claro que va a optar por la primera vía (cualquier otra cosa sería un despropósito), implementando nuevas medidas que están por concretar, sonando con mucha fuerza la de prohibir el pago en efectivo para determinadas entregas de bienes o prestaciones de servicios que superen un límite máximo.
Hay cierta desconfianza sobre la eficacia que esta y otras medidas puedan tener para aumentar los ingresos de las arcas públicas, evitando las transacciones con dinero negro y a espaldas del control fiscalizador de la Administración.
Recientemente les mostramos en un nuevo artículo sobre el IRPF para los años 2012 y 2013, algunas de las medidas aprobadas por el Gobierno en el Real Decreto Ley 20/2011 que afectaban a la imposición directa en España vía Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
Aunque ya se indicaron algunos de los efectos que tendría la referida normativa sobre la fiscalidad inmobiliaria a través de la deducción por adquisición, rehabilitación o ampliación de la vivienda habitual, el RDL 20/2011 incorpora además modificaciones en otros dos tributos que afectan de manera distinta al bolsillo del contribuyente por la adquisición o tenencia de bienes inmuebles:
Con esta amplia normativa, que afecta tanto al lado de los ingresos como al de los gastos públicos, el Gobierno confía en reducir con carácter inmediato el desequilibrio presupuestario en más de un 1% en términos de PIB. Tal y como indica en su preámbulo, estas acciones pretenden garantizar que el sector público español inicie una senda de reequilibrio que aporte credibilidad a la evolución futura de la deuda y déficit públicos. Además añade que son correcciones sin las que no se podrían superar las actuales condiciones de escasez de liquidez que impiden un desarrollo adecuado de la actividad económica.
¿Cómo se ve afectada la tributación directa en España en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) con esta nueva norma?
Hace unos días el nuevo gobierno de España, dirigido por Mariano Rajoy, hizo público un nuevo paquete de medidas fiscales con el objetivo de drenar 8.900 millones de euros la carga financiera del Estado, en una situación que han tildado de extrema al encontrarse el déficit público en torno al 8% del PIB, una cifra superior al 6% que pronosticaba el anterior gobierno socialista para el cierre del ejercicio fiscal de 2011, y excesiva teniendo en cuenta el pacto de disciplina fiscal que promueve unas finanzas públicas saneadas, que situaba el límite del déficit corriente en el 3%.
Bajo esta situación, se ha optado por tocar el 'alma mater' de los impuestos, el de la renta, afectando tanto a los rendimientos procedentes del trabajo, así como del capital. Tocando directamente a la renta disponible de los hogares, que sin lugar a dudas, se traducirá en un menor consumo, una caída de la producción y más desempleo.
